La DINI (ex SIN),
la policía antidrogas e Inteligencia del Interior. Entes de seguridad del Estado que no actúan sin la orden del presidente García hacen reglaje sobre
compra de testigos y lo filtran a la prensa. Edmundo Cruz y Jonathan Castro.
La República obtuvo evidencias claras que implican a importantes entes del Sistema de Inteligencia Nacional en un operativo que nada tiene que ver con las funciones de seguridad nacional que les señala la Constitución del Estado.
Todo indica que equipos especializados de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimint) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) son los autores de un operativo de seguimiento –lo que se conoce como reglaje– a procesados por la presunta compra de testigos del caso Madre Mía.
Los objetivos de tal reglaje fueron el suboficial EP Amílcar Gómez Amazifuén y el poblador Jorge Ávila Rivera. El primero de ellos está acusado de haber sobornado a Ávila en agosto del 2006. Entonces se inició un proceso por compra de testigos que se actualizó hace dos meses, en marzo último. El seguimiento de inteligencia se ha efectuado en este último lapso.
Amílcar Gómez Amasifuén fue lugarteniente de Ollanta Humala en el levantamiento de Locumba de octubre del año 2000. Y de allí en adelante es señalado como una persona muy cercana al candidato de Gana Perú que el próximo domingo 5 de junio disputará la Presidencia de la República. Las acusaciones al suboficial alcanzan al candidato.
EVIDENCIAS
La República tomó conocimiento del operativo el jueves último, 26 de mayo, por la tarde. Personal de inteligencia de las fuerzas del orden que estaba al tanto del reglaje, y disconforme con el mismo, se contactó con esta redacción y entregó un ‘panneaux’ de nueve fotos como sustento de su información (el documento gráfico recibido se reproduce al lado).
Explicaron que el propósito del operativo era buscar imágenes que produjeran el descrédito del candidato Humala en beneficio de su competidora de Fuerza 2011. Y plantearon que el hecho ilegal fuera denunciado.
Las vistas muestran a Amílcar Gómez y Jorge Ávila en las afueras de los Juzgados Anticorrupción de la avenida Arenales, cuadra 26, y en la puerta del Banco de la Nación situado a tres cuadras de distancia, en la avenida Javier Prado Oeste, primera cuadra.
También se ve al hijo de Jorge Ávila y al abogado Rafael Franco de la Cuba, más recordado como “Capulina” (en 1996 fue señalado como el nexo a través del cual Montesinos cobraba cupos al narcotraficante “Vaticano”).
Se advierte que la serie de fotos fue tomada al finalizar una de las audiencias de la sala anticorrupción que preside el vocal Aldo Figueroa, a cargo del caso.
En dos vistas se ve a Amílcar Gómez entregando dinero al hijo de Ávila. Se distinguen billetes de 10 soles en las manos del joven. Los informantes sostienen que es un paquete de cinco billetes, o sea, 50 soles. Esto mismo sostiene el abogado Franco de la Cuba, defensor de Amílcar Gómez.
Aunque el monto es modesto para el caso, surge una nueva interrogante. Jorge Ávila asistió el día de la filmación a una confrontación con Amílcar Gómez. Podría interpretarse esa entrega de dinero como un nuevo soborno. Pero el abogado Franco de la Cuba sostiene que fue un préstamo –los procesados son familiares– para que el hijo de Ávila volviera a su lugar de procedencia, Aucayacu.
Sea como fuere, todos los intercambios de dinero entre los procesados que puedan tener sabor a soborno deben investigarse, incluido Ollanta Humala. Pero sin interferencias como las que revela esta nota.
En este caso, los operadores de inteligencia filtraron el resultado de un trabajo que no les correspondía, no a las autoridades pertinentes, sino a la prensa. Lo que sella el propósito ilegal y censurable de su actuación.
PROPÓSITO ELECTORERO
Esta redacción comenzaba a verificar los propósitos de los informantes y la autenticidad del material recibido cuando, al día siguiente, viernes 27, nos dimos con la sorpresa de que la información de los servicios de inteligencia era primera plana de un diario de circulación nacional.
A esto se añadió la información de un colega de otro medio de comunicación a quien un alto oficial de la Dirandro había ofrecido generosamente el mismo paquete de información.
Quiere decir que el reglaje tenía una intencionalidad de corte político y electoral indiscutible.
PLANEAMIENTO
Los agentes que nos contactaron y otras fuentes abundaron en información.
Todo operativo de este tipo lleva nombre, pero los informantes no aceptaron revelarlo.
–“El nombre guarda relación con Ollanta Humala”, es todo lo que dijeron.
–Podría ser Operativo “Comandante” o “Capitán Carlos”, acotamos y casi acertamos.
Se ha dicho que el reglaje comenzó el 31 de marzo. Nuestros informantes aseguran que empezó el miércoles 13 de abril, tres días después de la segunda vuelta. Este operativo sería uno de otros tantos.
ACTORES RESPONSABLES
En él ha participado, y todo indica que siguen en acción hasta vencida la segunda vuelta, las siguientes reparticiones:
–El Departamento de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Su jefe es el general Teddy Bartra, hombre de confianza del titular del sector, Miguel Hidalgo Medina
–La Dirandro, comandada por el general Carlos Morán Soto, ha puesto la Oficina de Inteligencia (OFIT) a disposición del plan. Se trata de la dependencia que maneja el denominado “componente electrónico”, donado por el gobierno de los Estados Unidos en el 2004 para apoyar al seguimiento de Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”. La intervención de OFIT indica que el operativo incluye interceptación telefónica.
Dirandro y Digimint actúan bajo la batuta del ex SIN, hoy día denominado Dirección Nacional de Inteligencia, de siglas DINI. Su jefe es Danilo Guevara Oyola, ex viceministro del Interior, hombre de confianza tanto del presidente de la República como del ex ministro del Interior del primer gobierno aprista Agustín Mantilla.
Danilo Guevara tiene hoy como su brazo derecho a un hermano del ministro del Interior, el coronel del Ejército Wilbert Emiliano Hidalgo Medina.
Por lo demás son bien conocidas las estrechas relaciones del ministro del Interior con el inquilino de Palacio de Gobierno.
Ya vienen
montajes. Han retocado la imagen de Ricardo Morales-Oliva Guillén, hijo natural de Rómulo León, para presentarlo como si fuera Omar Chehade, ex procurador anticorrupción, en visita al ex ministro aprista recluido en el Penal San Jorge.
en preparación. El próximo montaje sobre el mismo escenario de San Jorge apunta a Daniel Abugattás Majluf. Los montajes son otra línea de acción de los operadores de inteligencia.
Compra de testigos y huellas imborrables
El 28 de junio de 2006, Jorge Ávila Rivera, principal testigo en el caso de la desaparición de los esposos Natividad Ávila y Benigno Sullca, se retractó de su versión. Ratificó la denuncia de torturas que sufrieron él, su hermana Natividad y su cuñado Benigno, en 1992, en la Base Madre Mía. Pero negó la culpabilidad que en un principio había atribuido al capitán Ollanta Humala Tasso. Su cambio de testimonio ante el fiscal de Tocache, Arturo Campos, despertó serias sospechas.
En agosto del mismo año, La República visitó la vivienda de Ávila en Aucayacu. En medio de la pobreza observó dos elementos nuevos según los vecinos: un mototaxi Honda rojo comprado en US$ 1.600 y una serie de mejoras en la vivienda. Del propio seno de las familias salió la denuncia de que Jorge Ávila fue sobornado con 4 mil dólares a cambio de su silencio. Fueron señalados: Amílcar Gómez como operador y Rubén Gómez como intermediario.
En setiembre del mismo 2006, Teresa Ávila, hermana de la víctima, denunció a Rubén Gómez. “Me quiso silenciar a cambio de US$ 20 mil dólares, por encargo de Humala”, dijo.
Tantas acusaciones entre miembros de dos familias se debería a que Jorge Ávila no repartió los US$ 4 mil que Amílcar Gómez le habría entregado. Esto motivó la rebeldía de Rubén Gómez y las acusaciones de Segundo Gómez.
Ni el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, ni el director general de la Policía, Raúl Becerra, respondieron las solicitudes de esclarecimientos de esta redacción. Carlos Asián, director general de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Interior, insistió en que Hidalgo se encontraba ocupado. Lo mismo señaló el coronel Luis Zamudio sobre el general Becerra.
