lunes, 13 de agosto de 2012

Chile prepara multimillonario presupuesto para comprar armas

Chile prepara multimillonario presupuesto para comprar armas
La nueva ley de financiamiento de la defensa de Chile –que reemplazará a la Ley Reservada del Cobre– permitirá a las Fuerzas Armadas del vecino país del sur contar con un presupuesto multimillonario para enfrentar cualquier conflicto armado contrario a sus intereses nacionales. Si bien hasta el 2011 el presupuesto total era de US$ 5,200 millones, que representaba el 3.8% de su producto interno bruto (PIB), de aprobarse la nueva ley esta cifra podría aumentar hasta en un 50% cada cuatro años, convirtiendo su capacidad militar en la más grande de toda la región sudamericana.

“Las Fuerzas Armadas de Chile han logrado una capacidad militar inédita en su historia. El desafío es traspasar el umbral de la teoría a una fuerza armada totalmente conjunta, que requiere implementar complejos sistemas de interacción estratégicos, operativos, logísticos y de gestión”, señala en una entrevista el ex comandante en jefe del Ejército general (r) Juan Emilio Cheyre.

La medida busca un financiamiento plurianual cada cuatro años, con una aprobación anual de desembolsos en la Ley de Presupuesto, reemplazando al año anterior de forma que siempre las Fuerzas Armadas tengan un horizonte de planificación en ese periodo. Durante la presentación de la ley, el presidente Sebastián Piñera señaló un triple objetivo: “Un financiamiento adecuado y estable para nuestras Fuerzas Armadas, un Fondo de Contingencia para prevenir hechos que no han sido anticipados y, al mismo tiempo, una discusión dentro de nuestro sistema democrático, a través de la discusión presupuestaria en el Parlamento”.

MULTIMILLONARIO PRESUPUESTO

El multimillonario presupuesto de las Fuerzas Armadas chilenas se debe a varias consideraciones. Primero, el presupuesto operacional y las adquisiciones de armas (el más importante). Segundo, el destinado a la salud de su personal y las pensiones de sus miembros en retiro. Y tercero, un presupuesto destinado a sus Carabineros (policía uniformada), tanto para personal activo como retirado.

“Como país, necesitamos Fuerzas Armadas con la capacidad de disuasión necesaria y suficiente, y, al mismo tiempo, necesitamos un mecanismo de financiamiento que dé estabilidad en el tiempo, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir apropiadamente su importante labor”, expresaba en esa oportunidad el jefe de Estado chileno.

El proyecto conocido como Piñera-Allamand ha conllevado a una fuerte discusión entre las fuerzas políticas y la sociedad chilena debido al otorgamiento de amplias libertades y una –casi nula– fiscalización a las Fuerzas Armadas en el uso del millonario presupuesto. Hay que considerar que actualmente el presupuesto de defensa llega a los US$ 2,470 millones, más un aporte del Estado a la previsión militar de US$ 1,500 millones y otro de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) que alcanzó en el 2011 los US$ 1,311 millones. A ello se suma un fondo de contingencia sobre los US$ 4,000 millones en manos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Chile.

“No tenemos claro el destino de estos recursos, sobre todo por la magnitud de los recursos destinados y manejados por las Fuerzas Armadas. Este presupuesto requiere un escrutinio permanente no solo de las instituciones estatales, incluido el Congreso, sino también de la ciudadanía”, advierte el analista chileno Augusto Varas.

En torno a la fiscalización de los fondos, el presidente chileno indicó: “Vamos a innovar en materia de información y control del gasto de nuestras Fuerzas Armadas, a través de un mecanismo de información reservada o registro reservado, a la Contraloría, y a través de un sistema anual en que el ministro de Defensa va a informar a las comisiones de Defensa tanto de la Cámara como del Senado”.

OBJETIVO DE LA LEY

El principal objetivo de la ley es no depender de la Ley Reservada del Cobre que entrega el 10% de sus utilidades a las Fuerzas Armadas. El propio presidente Piñera indicó que “el actual sistema no es el adecuado” debido a que las necesidades militares no siempre estarían ligadas a la producción de cobre por Codelco o por el precio que tenga este mineral en los mercados internacionales. En síntesis, Chile necesita un fondo permanente para poder dotar de capacidad operativa y así poder anticipar una agresión armada y decidir en un conflicto en corto tiempo.

La nueva ley se encuentra inserta en la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) que recientemente presentó el presidente Piñera al Congreso chileno –compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado– para su aprobación. La misma era un compromiso que asumió el actual mandatario durante la última campaña presidencial, lo que refleja la importancia y el poder de los militares en el vecino país del sur. También se crea un Fondo de Contingencia Estratégico para situaciones que no hayan sido anticipadas como las amenazas externas.

Para Augusto Varas, debería existir una mayor fiscalización y evitar así la corrupción o el mal uso de estos recursos sin tantas libertades a favor de las Fuerzas Armadas chilenas: “Los recursos destinados y manejados por las Fuerzas Armadas requieren un escrutinio permanente. Es urgente continuar disminuyendo la autonomía corporativa de las instituciones armadas respecto del poder civil democrático”, advierte.


DIFERENDO CON EL PERÚ
 
Lo preocupante de la nueva ley y la ENSYD es que implícitamente se advierten contenidos y mensajes en referencia al diferendo marítimo presentado a la Corte Internacional de La Haya. El propio jefe de Estado chileno señaló que ambos documentos van a permitir “lograr un doble objetivo: tener Fuerzas Armadas con la capacidad disuasiva y operacional necesaria y suficiente para sus tareas de defensa de la soberanía, del territorio, del mar y de los límites de nuestro país”, en clara referencia al Perú.
 
Como se sabe, en diciembre de este año los agentes y abogados del Perú y Chile presentarán sus argumentos y alegatos en este tribunal supranacional. La defensa peruana confía en que se establecerá que la frontera del mar peruano con Chile se inicia en el Punto de la Concordia (la bisectriz) y no en el Hito Nº 1 (el paralelo) como advierten nuestros vecinos del sur. La diferencia es sustancial, que equivale a 29 mil kilómetros cuadrados de mar a partir de la proyección de las 200 millas. Lo cierto es que ante cualquier fallo de La Haya, Chile ha tomado sus previsiones para enfrentar cualquier conflicto armado si no encuentra la protección de sus intereses en este tribunal.


ERIC PEREIRA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
epereira@diario16.com.pe

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